El Ministerio de Capital Humano responsabilizó a rectores y gremios por las medidas de fuerza y exigió un plan para garantizar clases, mientras continúa el conflicto por la ley de financiamiento universitario.
El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que responsabiliza a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a los gremios por los paros que afectan a las universidades nacionales, y les exige presentar “un plan de contingencia” para garantizar la continuidad de las clases. La ministra Sandra Pettovello encabeza el documento, que se suma a una circular del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que se intima a los rectores a cumplir con el dictado de clases bajo apercibimiento y posible revisión de los recursos enviados para el sostenimiento pedagógico.
El conflicto se enmarca en el incumplimiento del gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en noviembre de 2024. Aunque la norma fue promulgada, el Ejecutivo no ha transferido los fondos necesarios para actualizar salarios de docentes y no docentes, ni los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios. Según estimaciones, la deuda asciende a unos 2,5 billones de pesos.
Ante esta situación, los rectores del CIN presentaron una medida cautelar que en dos instancias judiciales confirmó la obligación del gobierno de cumplir con el financiamiento. Sin embargo, la administración nacional apeló la decisión y llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia. El argumento oficial para no transferir los fondos es el déficit fiscal.
Mientras tanto, las universidades enfrentan un ajuste del 45% en sus fondos, y los trabajadores docentes y no docentes acumulan una pérdida salarial equivalente a siete sueldos en los últimos dos años, con 141 puntos perdidos contra la inflación en 28 meses. Gremios, docentes, no docentes, rectores y estudiantes han iniciado medidas de fuerza en reclamo del cumplimiento de la ley.
El gobierno, por su parte, busca avanzar con una estrategia parlamentaria para eludir la obligación de transferir los fondos, mientras el conflicto se extiende también al ámbito social y político.