La Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, valida el contrato que regirá la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., abarcando el servicio de agua y cloacas en el área metropolitana.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, aprobó este martes el modelo de contrato para la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana, en el marco del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Así lo establece la Resolución 543/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo.
La norma valida el “Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y AySA”, que será suscripto por la cartera económica en representación del Estado. Este esquema se inscribe en lo dispuesto por la Ley 27.742, que declaró a la compañía “sujeta a privatización”, y por el Decreto 494/2025, que autorizó la venta del paquete accionario.
Según lo establecido, el proceso prevé la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto podrá colocarse en bolsas y mercados del país. El modelo aprobado mantiene el sistema de concesión vigente, pero introduce una reorganización integral del servicio, con el objetivo de dotarlo de mayor claridad normativa y previsibilidad.
El contrato fija derechos y obligaciones tanto para el concedente como para el futuro concesionario. Además, la empresa deberá cumplir con el “Plan de Acción de Transición 2024-2026”, aprobado previamente por la Secretaría de Obras Públicas, y trasladar sus metas al primer ciclo tarifario que se extenderá entre 2027 y 2031.
Desde el Gobierno remarcaron que el proceso no debe afectar la continuidad del servicio y que se llevará adelante bajo principios de “transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia”. Con el contrato aprobado, el próximo paso es profundizar el proceso licitatorio para buscar al operador estratégico. El mercado mirará dos variables: el esquema tarifario futuro y las obligaciones de inversión que impondrá la concesión.