La administración libertaria propone dejar sin cubrir cuatro vacantes y pasar de 12 a 8 juzgados en la primera instancia penal federal de la Capital Federal, en el marco de una reorganización del Poder Judicial.
El Poder Ejecutivo nacional, encabezado por Javier Milei, avanza con un plan para reducir la cantidad de juzgados federales con asiento en Comodoro Py, el edificio judicial porteño que concentra las causas de corrupción contra funcionarios públicos nacionales. Según fuentes al tanto de las negociaciones en el Congreso y el Consejo de la Magistratura, la idea es pasar de 12 a 8 juzgados, sin cubrir las cuatro vacantes actuales.
La iniciativa también alcanza a la Cámara Federal de Casación Penal, donde existen cuatro puestos sin ocupar. En ese caso, la intención de la Casa Rosada es reducir el tribunal de 13 a 9 jueces, dejando sin efecto los concursos que ya están avanzados.
Más allá de la optimización de recursos, la reforma implica una redistribución del poder en la primera instancia penal. Los defensores de la medida argumentan que la cantidad de causas en trámite ha disminuido significativamente. Según la estadística oficial de la Corte Suprema de Justicia, ingresan 1.602 expedientes por año a la Cámara Federal, lo que equivale a unos 70 por mes por sala. En primera instancia, cada uno de los 12 juzgados tramita alrededor de un centenar de causas, aunque algunas son complejas y voluminosas. Además, fuentes judiciales señalan que la dotación de empleados en algunos juzgados es hasta cuatro veces mayor que en otros tribunales similares.
El origen de los 12 juzgados se remonta a la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem. Hasta entonces existían seis juzgados, pero la llegada de causas de corrupción contra el exmandatario impulsó una reforma para diluir el poder de los magistrados. Menem duplicó la cantidad de juzgados, nombró jueces y fiscales de su confianza, y ascendió a los anteriores a camaristas. Así surgió la estructura actual, y los jueces fueron conocidos como los “jueces de la servilleta”, en alusión a una denuncia del exministro Domingo Cavallo, quien afirmó que los nombres fueron decididos por el entonces ministro Carlos Corach en una servilleta de bar.
Con el paso de los años, la mayoría de aquellos magistrados fueron removidos, renunciaron o se jubilaron. Sobrevivieron Claudio Bonadio —fallecido en 2020— y María Servini. Durante los gobiernos kirchneristas, los servicios de inteligencia tuvieron incidencia sobre los jueces, y el vínculo se mantuvo hasta la ruptura del exjefe de contrainteligencia Antonio Stiuso con Cristina Fernández de Kirchner.
Actualmente, los juzgados con titulares son los de María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti. Las vacantes corresponden a los cargos que dejaron Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez (jubilados), Sergio Torres (designado en la Suprema Corte bonaerense) y Claudio Bonadio (fallecido).
Aunque el Consejo de la Magistratura tiene concursos en marcha para cubrir esos puestos, en el Gobierno, el propio Consejo y el Congreso hay quienes proponen modificar la ley de organización de la justicia federal para dejar las vacantes sin cubrir y reducir la cantidad de juzgados. La misma lógica se aplicaría a la Cámara Federal de Casación Penal, donde los actuales camaristas prefieren mantenerse con nueve integrantes. La medida no cuenta con consenso unánime, ya que algunos sectores advierten que concentraría poder en los jueces en funciones y relegaría a los postulantes que esperan ingresar.