Organizaciones ambientales y más de 850 mil personas presentaron un amparo colectivo ante la justicia federal de La Pampa para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada el 9 de abril, por considerarla inconstitucional.
En respuesta a la reforma de la Ley de Glaciares del pasado 9 de abril, las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace impulsaron un amparo colectivo presentado ante el juzgado federal de la provincia de La Pampa, planteando la inconstitucionalidad de la reforma aprobada.
Más de 850 mil personas adhirieron a título personal para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma y solicitar una medida cautelar para proteger el agua. La demanda exige que se suspenda en todo el territorio nacional la aplicación e implementación de la ley que, según los demandantes, debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, solicitan que siga vigente la Ley 26.639.
En el bloque actor de la acción legal también participa Marta Maffei, autora de la ley original de glaciares, junto a asambleas y organizaciones territoriales de todo el país, como Asamblea Jachal no se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea Pucará, Asamblea en Defensa del Territorio, Asamblea Santa Cruz por el Agua, Multisectorial Golfo San Matías, Asamblea el Paraná No se Toca y Asociación Alihuén. También cuentan con organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.
La acción judicial surge luego de un proceso legislativo que los impulsores consideran viciado, en el cual se negó la participación a más de 100.000 personas inscriptas en una audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados. Según los demandantes, ni siquiera el 0,2% de las personas anotadas pudo participar oralmente, lo que convierte la audiencia en una simulación de participación. Las reglas de la audiencia fueron cambiadas una vez abierta la inscripción, intentando validar la instancia con videos y ponencias escritas bajo criterios arbitrarios.
La reforma representa, a criterio de los demandantes, un retroceso ambiental que viola la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el sistema de presupuestos mínimos ambientales de la Constitución Nacional. La suspensión solicitada involucra toda reglamentación, resolución, acto administrativo o autorización vinculada a la ley, incluyendo la aprobación de proyectos mineros cuyas áreas de exploración y explotación se superpongan con glaciares de acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares y a los dictámenes técnicos del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).
La reforma reemplazaría un criterio científico común por decisiones provinciales discrecionales sobre qué proteger y qué no. Los glaciares y el ambiente periglacial alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ratificó por unanimidad en 2019 que la Ley de Glaciares es constitucional y que el dominio provincial sobre los recursos no permite perforar el piso de protección federal.
Desde Greenpeace, FARN y la Asociación de Abogados/as Ambientalistas ofrecerán una instancia virtual de conferencia para prensa y personas interesadas el martes 5 a las 12hs para responder preguntas sobre la acción.