La cartera que conduce Alejandra Monteoliva presentó una denuncia penal contra el legislador Rodolfo Tailhade por posibles acciones ilegales de inteligencia, en el marco de exposiciones realizadas en el Congreso sobre la custodia y viajes de la esposa del jefe de Gabinete.
El Ministerio de Seguridad formalizó una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
“Se efectúa la presente denuncia penal por la posible realización de acciones ilegales de inteligencia”, reza el texto presentado, firmado por el subsecretario Legal, Diego Goldman, y la directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio. La denuncia señala una posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520).
El hecho se produce días después del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, del miércoles 29 de abril, en el que Tailhade expuso detalles sobre movimientos privados de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. Durante más de seis horas, el diputado indicó que Angeletti utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas y que, en septiembre de 2025, viajó en primera clase a Madrid con cinco “mamis del colegio”, con pasajes y estadía a su cargo.
“Resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, puntualiza la denuncia. Y agrega: “Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia”.
Para la cartera que comanda Alejandra Monteoliva, la información revelada presenta “severos riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada”. Por ello, se solicita a la Justicia que investigue cómo obtuvo el legislador la información, detecte si hubo participación de terceros o estructuras estatales, y determine si se cometieron delitos previstos en la ley de inteligencia.