Un informe del CEPA revela que la Administración Pública Nacional redujo su gasto total un 32% en términos reales entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo período de 2023. Mientras áreas clave como salud, educación y desarrollo social sufren recortes profundos, la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó su ejecución presupuestaria un 25% y los servicios de deuda concentran el 11% del gasto total.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló que, al mes de abril de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) registró una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023. Los datos, correspondientes a los primeros meses del ejercicio, evidencian una orientación fiscal contractiva que impacta en diversas áreas del Estado.
Según el análisis, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente de Presidencia de la Nación, experimentó un incremento real del 25% en su ejecución. En paralelo, los Servicios de la Deuda Pública concentran el 11% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto público.
Entre los organismos más afectados por los recortes se encuentran:
- Salud: Superintendencia de Servicios de Salud (-51%), hospitales nacionales (entre -28% y -53%), Instituto Malbrán (-38%) y ANMAT (-36%). Programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta el 100%. En contraste, el INCUCAI muestra un incremento real del 118%.
- Ciencia y Tecnología: Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-84%), CONICET (-36%), CONAE (-59%), Servicio Geológico Minero Argentino (-20%), Fundación Miguel Lillo (-48%), CONEAU (-29%) y Servicio Meteorológico Nacional (-27%).
- Seguridad Social y Desarrollo Social: ANSES (-9%), Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-77%), INAES (-83%). El programa de Economía Social registró una caída del 100%, el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-92%) y el Plan Nacional de Protección Social (-99%). En políticas alimentarias, Comedores Comunitarios y Merenderos (-54%) y Prestación Alimentar (-45%).
- Educación: Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%). Becas a Estudiantes (-85%), Acciones de Formación Docente (-95%), Desarrollo de la Educación Superior (-31%) e Infraestructura y Equipamiento (-96%).
- Desarrollo Productivo y Energía: Comisión Nacional de Energía Atómica (-35%), Autoridad Regulatoria Nuclear (-29%), Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (-38%) y Organismo Regulador de Seguridad de Presas (-38%).
- Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas: Policía Federal (-35%), Gendarmería (-31%), Prefectura Naval (-31%), Ejército (-13%), Armada (-17%) y Fuerza Aérea (-17%).
- Transporte y Obra Pública: Caídas del 94% al 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes.
- Transferencias a provincias y municipios: Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios (-97%) y recorte total en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%).
En síntesis, la APN atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia y se mantiene un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública. La magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso.