La Cámara Federal de Casación Penal ordenó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia que ejecute directamente la reparación económica a tres víctimas de trata, sin derivarlas a la justicia civil. La decisión fue unánime y cuestiona la disolución del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia que resuelva de forma directa la ejecución de la reparación económica reconocida a tres víctimas de trata en la causa de la Fundación “No me olvides”, y sin derivarlas a la justicia civil. La decisión fue unánime, con las firmas de los jueces Angela Ledesma, Javier Carbajo y Daniel Petrone.
El caso tiene su origen en la condena dictada en agosto de 2021 contra Élida Mambrín, encontrada culpable de trata de personas agravada y abuso sexual, y Lorena Elisabeth Quintana, su cómplice. Tres mujeres identificadas con las siglas D.A.M., G.M.Y.O. y S.K.N. fueron reconocidas como víctimas y la sentencia les garantizó una reparación económica equivalente a doce salarios mínimos, vitales y móviles cada una, más intereses. A D.A.M. se le reconoció adicionalmente un millón de pesos por daño psicológico.
La condena quedó firme en abril de 2024, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa. Sin embargo, al momento de reclamar el cobro, las víctimas se encontraron con que el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, creado por la ley 27.508, había sido disuelto por el gobierno nacional mediante el Decreto 1048/2024, en el marco de una reducción del gasto público. Esto dejó sin sustento institucional el cumplimiento de la sentencia.
Ante esa situación, en diciembre de 2024 el Tribunal Oral de Resistencia decidió derivar a las víctimas a la justicia civil para cobrar la reparación, argumentando el artículo 516 del Código Procesal Penal de la Nación. La Defensoría Pública de Víctimas, a cargo del defensor Gustavo Vargas, impugnó esa decisión, señalando que obligar a mujeres víctimas de trata a iniciar un juicio civil vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.
La Cámara de Casación dio la razón a la Defensoría. El juez Javier Carbajo indicó que la derivación a la justicia civil no estaba justificada y que el tribunal no explicó por qué no podía ejecutar la reparación directamente. La jueza Angela Ledesma agregó que en contextos de violencia de género el acceso a la justicia debe ser reforzado, y el juez Daniel Petrone consideró que la resolución impugnada carecía de fundamentación suficiente. El fallo devuelve el expediente al Tribunal Oral de Resistencia para que resuelva la ejecución de la reparación conforme a derecho.