La Fundación Pensar, el think tank ligado al PRO, balanceó la implementación y los resultados de la ley Bases, a un año de su sanción. A través de un semáforo, le dio luz verde a la política energética, especialmente a la extracción de petróleo, pero encendió la luz roja en el capítulo laboral: “Sólo el 0,24% de los trabajadores informales fueron regularizados”, alegó.
La ley 27.742, denominada ley Bases, fue uno de los primeros logros del Gobierno de Javier Milei a mediados del 2024. El instituto de pensamiento del PRO analizó cada título de la norma y evaluó sus efectos y cumplimientos. Los resultados arrojaron que la insatisfacción de los objetivos de la ley están por encima de la satisfacción. Cuatro títulos de la norma quedaron en rojo, uno en amarillo y sólo dos en verde.
De acuerdo al semáforo de Pensar, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en el Título VII de la ley, tuvo un desempeño regular, dado que “se aprobaron tan sólo 4 proyectos y 13 están en espera”, por lo que le dio luz amarilla.
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El RIGI fue aprobado bajo el argumento de que las exenciones impositivas y beneficios cambiarios permitirían la llegada inversiones superiores a los 200 millones de dólares, en materia energética. La Fundación destacó que, a pesar de las onerosas ventajas, a la fecha sólo se probaron los proyectos: “YPF – parque solar (USD 211 M), Oleoducto Vaca Muerta Sur (USD 3.000 M), Barco de licuefacción (USD 2.900 M)» y «Rio Tinto, Litio (USD 2.724 M)”.
Mientras que 13 proyectos presentados están en evaluación. Entre ellos se encuentran Galán Lithium (USD 217 M), Mina Gualcamayo (USD 1.000 M), SIDERSA (USD 296 M), PCR y Acindar (USD 255 M) Posco (USD 633 M), Genfeng Litio (USD 273 M), McEwen Cooper (USD 227 M) Terminal Timbúes (USD 290 M), Sal de Vida (USD 818 M).
Los puntos de la ley Bases que Pensar reprobó y aplaudió
En cambio, la fundación macrista reprobó con luz roja los títulos II Reforma del Estado, dado que “ninguna empresa incluida en la Ley Bases fue privatizada”; el III, de Contratos y acuerdos transaccionales, porque “ninguna obra está en ejecución o fue licitada con iniciativa privada»; el IV, sobre Promoción del empleo registrado, debido a que “tan solo el 0,24% de los trabajadores informales fueron regularizados”; y el título V, denominado Modernización laboral, porque “desde julio de 2024 se logró recuperar tan solo el 15% de los 135.000 empleos privados que se perdieron desde que inició la gestión del nuevo Gobierno”.
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Los títulos que sí obtuvieron el visto bueno y la luz verde de Pensar fueron el I, que declaró la emergencia pública por la que “cientos de normativas fueron modificadas gracias a la emergencia administrativa” que habilitó al Ejecutivo desregular el Estado a través del uso de decretos. Entre las normas eliminadas o reformadas destacaron la ley de Alquileres, la desregulación aerocomercial, la flexibilización de la venta de autopartes y la obligatoriedad de la indicación de medicamentos genéricos en las recetas médicas, entre otras.
A pesar de esa valoración, Silvia Lospennato advirtió en la importancia de realizar las reformas a través leyes aprobadas por el Congreso. “Una mayoría convencida de que el equilibrio fiscal es irrenunciable y las reformas laboral y previsional (que son indispensables) no van a surgir del intento de esquivar al Congreso mediante decretos que volverán a ser suspendidos judicialmente, sino promoviendo un debate del que participen trabajadores, sindicatos, empresas, donde debe darse ese debate, que es en el Congreso de la Nación”, sostuvo.
Además la fundación del PRO aprobó el título V que modificó las leyes sobre hidrocarburos. En ese sentido remarcó que “la producción de petróleo en Argentina superaría en 2025 el récord de hace casi 30 años, produciendo más de 850.000 barriles diarios” y que “en 2024, Argentina alcanzó el mayor nivel de producción de petróleo desde 2003 y logró superar a Colombia. El gas alcanzó la producción más alta desde 2006”.
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La Fundación Pensar y el balance económico de la gestión libertaria
En el informe, el exministro de Hacienda Hernán Lacunza destacó la baja de la inflación y la eliminación “parcial” del cepo cambiario. Sin embargo alertó sobre la falta de acumulación de reservas “aun en el período de mayor abundancia relativa por liquidación de la cosecha gruesa” y sobre la caída de la actividad y el consumo.
“Tras el rebote en V de la segunda mitad del año pasado, muchas actividades productivas enfrentan problemas de competitividad, especialmente los transables del sector industrial. La paridad cambiaria abarata importaciones, el superávit comercial se reduce a la mitad, el manufacturero profundiza su déficit (importaciones por el ascensor creciendo al 30% internual y exportaciones por la escalera al 5%), el excedente energético se mantiene, pero deja decrecer y el saldo negativo del flujo de turismo receptivo-emisivo muestra tensiones en la trayectoria cambiaria de mediano plazo”, advirtió Lacunza.
Al mismo tiempo, reconoció la caída de los ingresos en los hogares. “Los salarios reales, también tras rebotar desde mediados de 2024 encuentran límites y el ingreso disponible (restando los gastos fijos del hogar, como electricidad, gas, expensas, alquileres, transporte) se mantiene inferior al ingreso de fines de 2023 que, si bien ficticio e insostenible por “plan platita” artificial, las familias sufren la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y jubilaciones”, señaló el exministro.
LM/ML