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Cristina Kirchner paga condena en su domicilio

La reciente decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) de otorgar prisión domiciliaria a Cristina Kirchner ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial argentino. La medida, lejos de ser un simple beneficio, está acompañada de una serie de restricciones que han sido calificadas por sus seguidores como arbitrarias y excesivas.

Desde la colocación de una tobillera electrónica hasta la prohibición de saludar a la militancia, el fallo ha sido interpretado por muchos como un intento de limitar la actividad política de Cristina Kirchner. El fallo del TOF2 establece que exmandataria deberá cumplir su condena en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Constitución.

Sin embargo, las condiciones impuestas han sido objeto de críticas. Entre las restricciones más llamativas se encuentran: Uso obligatorio de tobillera electrónica, medida que suele aplicarse en casos de riesgo de fuga, algo que sus defensores consideran innecesario. Prohibición de recibir visitas sin autorización previa, lo que limita su contacto con familiares, amigos y colaboradores políticos.

Restricción para salir al balcón, bajo el argumento de que podría «perturbar la tranquilidad del vecindario». Supervisión constante por parte de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con informes trimestrales sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas.

La decisión del TOF2 ha generado una fuerte reacción en el ámbito político. Desde el Partido Justicialista (PJ) y sectores afines al kirchnerismo han denunciado que la medida busca silenciar y aislar a Cristina Kirchner, impidiendo que tenga un rol activo en la política nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros movimientos sociales han expresado su rechazo a lo que consideran una persecución judicial. Por otro lado, la oposición ha defendido la decisión del tribunal, argumentando que la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad debe cumplirse sin privilegios.

Impacto

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes llevaron adelante la acusación, habían solicitado que la ex presidenta cumpliera su condena en una cárcel común, pero el tribunal optó por la prisión domiciliaria debido a su edad y al intento de asesinato que sufrió en 2022.

La resolución judicial ha tenido un efecto inmediato en la movilización organizada por el peronismo en apoyo a Cristina Kirchner. Inicialmente, la marcha estaba prevista hacia los tribunales de Comodoro Py, pero finalmente se trasladó a Plaza de Mayo, en el corazón de Buenos Aires.

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