Tras la ratificación de Paraguay, el tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur avanza hacia su entrada en vigor provisional, generando un debate sobre sus efectos en el comercio y el medio ambiente.
El Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, ratificado recientemente por Paraguay, el último país del bloque sudamericano en hacerlo, se perfila como un tratado que redefinirá las relaciones económicas entre ambas regiones. Las negociaciones, extendidas por décadas, han culminado en un pacto que promete una reducción progresiva de aranceles a partir de su entrada en vigor provisional, prevista para 2026, facilitando el intercambio de productos agrícolas, industriales y químicos.
Desde el ámbito económico, el acuerdo es visto como un motor crucial para el crecimiento, con potencial para fortalecer los lazos comerciales. Actualmente, más del 70% de las exportaciones del Mercosur a la UE son materias primas agrícolas, un flujo que podría intensificarse.
En paralelo, el debate se centra en las posibles consecuencias ambientales. Expertos y organizaciones ecologistas señalan que la expansión del comercio de commodities como la soja y la carne podría incrementar la presión sobre ecosistemas clave, con riesgos de acelerar la deforestación, especialmente en la Amazonía, para ampliar la frontera agropecuaria.
Otro punto de análisis es el impacto del sector químico. La eliminación de aranceles podría incrementar la importación de plaguicidas desde Europa, incluyendo algunos cuya venta está restringida en la UE por su toxicidad, lo que plantea interrogantes sobre asimetrías regulatorias y sus efectos en la salud pública y la biodiversidad local.
El tratado también podría impulsar la actividad minera en América Latina, ante la demanda global de minerales estratégicos para la transición energética, un sector asociado a impactos ambientales y conflictos sociales, particularmente en territorios indígenas.
Como contrapeso, se menciona el futuro Reglamento de la UE sobre Deforestación, que exigiría que productos como la soja y la carne provengan de cadenas libres de deforestación. Sin embargo, su implementación ha sido postergada y flexibilizada, generando dudas sobre su efectividad práctica. Algunos analistas ven en el acuerdo una oportunidad para mejorar la gobernanza y elevar estándares ambientales, aunque las obligaciones de reducción de emisiones, vinculadas al Acuerdo de París, no son jurídicamente vinculantes.
En conclusión, el Acuerdo UE-Mercosur se sitúa en un cruce entre la promoción del crecimiento económico y la necesidad de una protección ambiental efectiva, un equilibrio que será determinante para evaluar su impacto final en la región.