El martes 21 de abril, una reunión informal en la casa de una periodista reunió a funcionarios libertarios, representantes de empresas extranjeras y un experto británico para debatir el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuyo retraso en Diputados pone en juego más de US$3.300 millones.
El martes 21 de abril, una cena reservada en la casa de una periodista congregó a funcionarios del gobierno de Javier Milei, representantes de compañías estadounidenses y un experto británico en propiedad intelectual, según reconstruyó elDiarioAR a partir de dos fuentes presentes. El menú, empanadas, marcó el tono informal del encuentro, donde se abordó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una promesa de Milei al presidente Donald Trump en el marco del acuerdo comercial bilateral firmado en febrero pasado.
El tratado, que ya tiene media sanción del Senado desde 1998, debía ser sancionado antes del 30 de abril, pero el Gobierno no cumplió el plazo debido al fuerte lobby de la industria farmacéutica, que busca cambios en la letra del acuerdo. El PCT es clave porque permitiría a las patentes registradas en países miembros tener una vigencia de 20 años, aunque el Capítulo II genera controversia al facilitar el evergreening, una práctica que extiende el monopolio de medicamentos viejos con modificaciones menores.
Este miércoles, en una decisión sorpresiva, Estados Unidos retiró a Argentina de la categoría más crítica en su informe de propiedad intelectual (Priority Watch List), donde el país estaba desde hace años. “Veníamos observados hace 30 años por la falta de respeto a la propiedad intelectual”, admitió una fuente libertaria. En marzo, el gobierno de Milei ya había derogado una normativa de 2012 que restringía patentes farmacéuticas, otro guiño a las multinacionales.
Entre los comensales se encontraba un alto funcionario del ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, y el profesor Ken Shadlen, de la London School of Economics, experto en regímenes globales de propiedad intelectual. La reunión se rigió por la regla de Chatham House, que permite divulgar lo hablado pero no quiénes participaron. Allí se confirmó que el Gobierno no sancionaría el PCT antes del 30 de abril y se debatió la posibilidad de modificaciones en Diputados, lo que obligaría a una revisión en el Senado.
Los laboratorios nacionales (CILFA) impulsan una reserva explícita al Capítulo II, mientras que las multinacionales (CAEMe y AmCham) se oponen. Uruguay ya adoptó esa posición, un punto que se discutió con el experto británico durante la cena.