El juez Ernesto Kreplak requirió datos sobre la situación del organismo encargado de los análisis de ADN para identificar a bebés robados durante la dictadura, en medio de advertencias sobre su funcionamiento.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, solicitó informes para conocer el estado actual del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el organismo responsable de realizar los análisis de ADN para la identificación de niños y niñas apropiados durante la última dictadura militar. La medida se da luego de que la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, advirtiera en tribunales sobre las dificultades para continuar con la toma de muestras debido a restricciones presupuestarias.
En su pedido, Kreplak requirió a Herrera Piñero que informe sobre la custodia y conservación de las aproximadamente 32.000 muestras almacenadas en el banco, la mayoría vinculadas a crímenes de lesa humanidad. El archivo genético incluye tanto muestras de familiares que buscan a niños robados como de personas que sospechan ser hijos de desaparecidos.
En el Juzgado Federal 3 de La Plata se tramitan varias causas en las que se ordenaron cotejos de ADN. Kreplak busca conocer el estado de esos procedimientos, especialmente ante las advertencias sobre demoras o la imposibilidad de desplazarse para tomar muestras cuando las personas no pueden acercarse a la sede del BNDG.
La intervención del magistrado se produjo tras una presentación de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), a cargo del fiscal Pablo Parenti, y de la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones de Derechos Humanos de La Plata.
Previamente, el juez federal Alejo Ramos Padilla había dictado una medida cautelar interina intimando al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a garantizar el correcto funcionamiento del BNDG. En su resolución, Ramos Padilla advirtió que la interrupción de las funciones del banco podría comprometer pruebas esenciales en procesos por delitos de lesa humanidad.
El BNDG fue creado en 1987 por iniciativa del entonces presidente Raúl Alfonsín, a partir del pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, y ha sido clave en la identificación de 140 nietos y nietas que recuperaron su identidad.