Un informe internacional analiza la posibilidad de aplicar un gravamen a patrimonios elevados en siete países de América Latina, con una recaudación potencial de miles de millones de dólares anuales. La propuesta genera tanto apoyo como críticas en el ámbito económico.
Un estudio impulsado por el economista Gabriel Zucman, en el marco del Observatorio Fiscal Internacional, reavivó el debate sobre la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas en América Latina. La propuesta, conocida como «tasa Zucman», plantea gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a los 100 millones de dólares en siete países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.
Según el informe, esta medida alcanzaría a aproximadamente 3.000 individuos en una población total de 500 millones y permitiría recaudar unos 24.000 millones de dólares al año. El análisis señala que estos países comparten una presión fiscal limitada frente a crecientes demandas sociales. El objetivo declarado no sería solo recaudatorio, sino también corregir distorsiones en los sistemas tributarios, donde el 1% más rico paga proporcionalmente menos impuestos que la mitad más pobre de la población.
Existe una versión más ambiciosa del esquema, que elevaría la alícuota al 3% y podría incrementar la recaudación hasta los 36.000 millones de dólares anuales. A nivel global, la iniciativa ganó impulso durante la presidencia de Brasil en el G20 en 2024, donde se promovió un mecanismo similar para gravar fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares.
La propuesta genera opiniones divididas entre especialistas. Desde una perspectiva favorable, economistas como Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), argumentan que un tributo de este tipo permitiría un mecanismo de redistribución de la riqueza en una región marcada por la desigualdad. Letcher citó el caso del aporte extraordinario a las grandes fortunas en Argentina, señalando que, contrario a los pronósticos de sus opositores, no condicionó la inversión.
Por otro lado, Sergio Chouza, otro economista consultado, destacó que en un contexto donde los megamillonarios y grandes empresas tienen facilidades para estructuras fiscales complejas, iniciativas como esta pueden ayudar a financiar los estados y reducir ineficiencias económicas.
Sin embargo, la iniciativa también enfrenta cuestionamientos de fondo en términos económicos. Críticos argumentan que este tipo de gravámenes podría tener efectos adversos sobre la inversión y el crecimiento económico, aunque estos puntos de vista no fueron desarrollados en el informe citado.